El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.

Cataluña perteneció a Hispania desde el origen de este término. Estuvo dentro de la Hispania fenicia (i-spn-ya) en el 800 aC, desde hace ya 2800 años, Cataluña ha pertenecido, al menos territorialmente, a Hispania, Spania o el Reino de España.

El desequilibrio fiscal por habitante en contra de la Corona de Castilla con respecto a la de Aragón varió entre cifras de un 400% superior en 1553, a un 838% en 1623 y hacia 1833, si cada castellano pagaba 29,5 reales, los de la corona de Aragón pagaban 11,5. Decía Quevedo en verso que “En Navarra y Aragón no hay quien tribute un real; Cataluña y Portugal son de la misma opinión; Sólo Castilla y León, y el noble pueblo andaluz, llevan a cuesta la cruz”.

Disfrutando de dicho desequilibrio fiscal entre ambas coranas, a finales del s. XIX se había desarrollado un eje de industrialización norte-periferia que convirtió al País Vasco en el centro de la industria siderúrgica, con Bilbao como capital industrial y financiera del norte, y una Cataluña donde se había desarrollado una potente industria textil y algodonera, con Cuba como el enclave comercial más fructífero que nunca antes había tenido la industria catalana, y con el puerto de Barcelona como base del intercambio comercial entre América y España. Muchos catalanes habían acudido a la isla a hacer “las Américas” volviendo enriquecidos y llenando Cataluña de bonitas casas coloniales. En el 1900, en Cataluña se localizaba el 94% de los usos mecánicos españoles y el 90% de los telares mecánicos.

Manuel González Portilla, de la Universidad del País Vasco, nos ofrece datos muy clarificadores del efecto económico de la dictadura franquista en el paisaje peninsular. El Valor Añadido Bruto (V.A.B.) industrial español del período 1955-1964 concentraba en el eje Cataluña-Cornisa Cantábrica el 46,78% de la riqueza general española, en una población que solo implicaba el 21,85% del total. Si uníamos Madrid, la participación industrial ascendía al 56,58% con una población que no llegaba a un tercio del total. De nuevo, la dictadura había lapidado la economía de la Meseta, Galicia y Andalucía, un 51,2% de la población española que solo producía un 25,9% del VAB español.

Hace solo 34 años, un 91% del electorado catalán votaba favorablemente por una constitución española que especifica en el artículo 8 “conocer una sola nación, la española” y que desarrollaría el modelo autonómico que ha dado lugar al Estado más descentralizado, y caro, de Europa, y que ha logrado un Estatuto de Autonomía catalán mucho más generoso que el de la Segunda República. 

Cataluña, al igual que el resto de España, se ha construido y ocupado por todos los españoles y con la participación de todos ellos. Actualmente, solo un 66,9 % de la actual población catalana ha nacido allí, de los nacidos antes del año 1973 un 52,3% (más de la mitad) nacieron fuera de Cataluña, y el 23,2% de toda la población catalana son de padres andaluces. ¿No es lógico entonces que la soberanía de Cataluña recaiga sobre todos los españoles?

Esto es algo que parece no quieren comprender los políticos nacionalistas catalanes cuando indican que “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”.

No disfrutaron de dicha soberanía más que por siglo y medio a lo largo de su historia, desde que el conde de Barcelona Ramón Borrel ll (972 - 1017) gobierna como un soberano con todas sus atribuciones y moneda propia, hasta la fusión del condado en la Corona de Aragón en el 1137, pero ahora quieren disfrutar de ella.

Para ello los nacionalistas catalanes quieren ampararse en el derecho internacional. Promulgan los convenios de Viena y la Resolución 1514 de 14 de Diciembre de 1960 de la ONU, una resolución que define lo qué ha de entenderse como pueblo colonial, siendo aquel, el pueblo que no ha alcanzado aún la plenitud de gobierno propio y que además habita en un territorio que está separado geográficamente del país que lo administra. El Derecho internacional le ha puesto límites a la Resolución 1514, se declara contrario a la Carta de las Naciones Unidas todo intento dirigido a quebrantar la unidad nacional y la integridad territorial de un país.

El Convenio de Viena de 1978, con respecto a la secesión de territorios, niega al nuevo Estado la pertenencia a los organismos (UE, ONU). 

La interpretación que hace el Tribunal Supremo de Canadá de la legislación internacional sobre el tema lo deja todo muy claro:

«[La sentencia] Recoge la doctrina internacional clásica respecto al derecho de autodeterminación, que legitima una declaración unilateral de independencia en casos perfectamente tasados, como las situaciones coloniales, alejados todos ellos del quebequés y, podemos añadir, de nuestras propias regiones. Atributos particulares de un grupo de ciudadanos, como la lengua, la cultura o la religión, no atribuyen un derecho unilateral a la secesión en un Estado democrático.»

Lo cierto es que, difícilmente los convenios de Derecho internacional puedan considerar legítima una declaración de independencia unilateral por parte del pueblo catalán, más cuando esta decisión se basa más en argumentos de conveniencia económica, y ajenos a ninguna clase de proceso colonial por parte del estado hacia Cataluña.

Las ventas al mercado interno español, mercado que la oligarquía industrial catalana siempre ha protegido, a veces en perjuicio del resto del país, han permitido un superávit histórico en la balanza comercial catalana. Sin embargo, hoy día, debido esencialmente a la crisis económica, esas ventas al mercado interno se han reducido mucho, siendo hoy día el 47% de las ventas catalanas, en contra de un aumento mayor de las exportaciones. Aunque esas ventas al mercado interno aún siguen permitiendo un superávit en la balanza comercial de Cataluña, la generalitat calcula que aún contando con un posible boicot español, la independencia le permitiría ahorrar aún un 1,8% de su PIB.

El referéndum de independencia no parece más que una quimera, e incluso un instrumento de crispación usado tanto por PP como CIU para desviar la atención le los ciudadanos sobre los procesos de recorte de gasto público propiciados por las administraciones que controlan.  Quizás también una forma de presión sobre el ejecutivo central por parte de la Generalitat para ser privilegiada fiscalmente.

Pero aunque todo esto no sean más que meras artimañas políticas, y aunque todos los expertos y entidades bancarias internacionales promulguen la imposibilidad o perjuicio que implicaría esa independencia a Cataluña por las dificultades de financiación de su enorme deuda, la mayor de todo el estado, es cierto que la viabilidad de Cataluña como estado independiente es real, al menos en un par de décadas, cuando solucione sus problemas financieros.

Esto lo saben todos lo políticos, pero la independencia se basa en una posible conveniencia económica para Cataluña, no en un expolio o trato injusto por parte de la administración central, ni ahora ni antes en la historia.

Los españoles habríamos de considerar la secesión de Cataluña, si así su pueblo lo quiere, y en mi opinión, si la realidad es la de una mayoría importante de la población catalana que desea la independencia, mediante un referéndum estatal se les debería permitir. Pero no en un momento en el que el perjuicio económico de dicha independencia provoque a los españoles, también catalanes, decenas de años de pobreza y dificultades.

Si Cataluña se ha construido por todos los españoles, todos los españoles tenemos derecho a decidir, y a permitir su salida cuando la situación general del país no provoque mayores estragos que un adiós a los que siempre fueron nuestros compatriotas.