¿En que parte del paripé nos encontramos?
Pues bien, vamos a analizar un poco el estado de las cosas.
El parlament ha aprobado por 85 votos a favor y 45 en contra la resolución
soberanista propuesta por CIU-ERC, negociada a última hora tratando de sumar los
votos de Iniciativa, CUP y PSC. La amplia mayoría que sus promotores esperaban
ha quedado corta por la negativa a ser votada favorablemente por el PSC, hecho
que casi resulta contradictorio, pues estos llevaban el derecho a decidir bajo
el brazo en su programa electoral de las pasadas elecciones catalanas de 2012.
Lo aprobado sencillamente es que el pueblo catalán es
“sujeto político y jurídico soberano” para decidir su futuro. Como textualmente
ha declarado Oriol Pujol: “No es una regulación jurídica, eso ya lo haremos.
Tampoco es una hoja de ruta, eso ya lo decidiremos. Ahora declaramos cuáles son
los fundamentos. Como más sólidos sean los fundamentos, más sólidas serán las
paredes”. Es decir, fuera demagogia, lo aprobado a fecha del 23 de enero de 2013
no tiene ningún tipo de validez jurídica.
No es la primera vez que el Parlament defiende el derecho
del pueblo catalán a la autodeterminación, de hecho ya se han votado en este
textos que observan este derecho hasta en cinco ocasiones: En 1989 se votaba
una resolución que especificaba que el Cataluña no renunciaba a la
autodeterminación, en 1998 se ratifico pero CIU proclamó su respeto a la
Constitución y frenó una propuesta que pedía su reforma, en el 2000 y 2001 se
volvió a ratificar este derecho y se realizaron consultas populares en
centenares de municipios sobre la independencia, y recientemente, en el 2012,
el pasado 27 de septiembre, se aprobó un texto que instaba a convocar una
consulta en la siguiente legislatura adelantado los comicios catalanes. Ninguna
de estas declaraciones han tenido ningún efecto ni validez jurídica.
La realidad es que CiU y ERC ya han rebajado en esta última
ocasión el tono de su borrador inicial al suprimir que el objetivo de la
consulta era un Estado propio e incorporar también al título de la declaración
el derecho a decidir, con la intención de obtener el mayor consenso posible en
el parlament. Pero como dijo el socialista Maurici Lucena, “nuestro límite es la legalidad”,
insistiendo en el modelo de Escocia y Quebec, cuyos Gobiernos negociaron con
los de Reino Unido y Canadá la consulta, no en el de los gobiernos bálticos que
parece seguir CIU-ERC.
El problema para el nacionalismo catalán es que saben de
sobra que ni la Moncloa ni el parlamento español van a amparar jurídicamente un
referéndum de secesión en Cataluña, y es poco probable siquiera permitan una
consulta sobre el tema, ni al pueblo español, ni mucho menos al catalán
unilateralmente.
Tanto Rajoy como Mas y como su socio Oriol Junqueras tienen
bien presente lo que ocurrió al Plan Ibarretxe cuando llego al parlamento
español. La estrategia de Zapatero fue llevarlo al Congreso, dejar que se
tramitara y que Ibarretxe lo defendiera y seguidamente se anuló con la
mayoría aplastante de la suma de PP y PSOE. Rajoy también tiene bien presente
un ejemplo de mala estrategia por parte de su predecesor en el partido, el Sr.
Aznar, cuando trató de impugnar dicho plan llevándolo al Constitucional y este
rechazó el recurso, permitiendo su tramitación en el parlamento. Hoy día el
constitucional es mayoritariamente progresista, por lo que cabe esperar el
mismo resultado.
Aunque el gobierno central invite al nacionalismo
catalán a presentar sus propuestas en las cortes: “si quieren una reforma
constitucional, que traigan una propuesta”, la indudable negativa de estas a
aceptar cualquier propuesta secesionista y la experiencia de Ibarretxe evitan
que CIU-ERC siquiera lo consideren. Así con estas, en política todos esperan un
intenso año de provocaciones de parte de los sectores nacionalistas catalanes
que llevarán al parlamento catalán a aprobar otro número de textos y leyes con
nula validez jurídica, hasta finalmente aprobar una ley de consultas catalana o
bien pasar directamente a convocar un referéndum secesionista.
Como bien explica Carlos E. Cué en su artículo en El País,
“Rajoy aplaza la batalla legal contra el desafío independentista de Mas”, esa
paciencia que Rajoy esta encontrando tan virtuosa, evitará a este hacer un solo
movimiento legal contra ninguno de los pasos dados por el parlament hasta que
no lleguen a estos últimos movimientos: aprobación de ley de consultas o
referéndum. Ambas son indudablemente inconstitucionales y para evitar este
adjetivo habrían de pasar antes por las cortes, por una votación democrática en
toda España y realizar un cambio constitucional que ampare de forma legal la
secesión de Cataluña. Es decir,
impulsar la reforma de la Constitución para encajar la votación, la vía del
PSC.
Se tome la iniciativa que se tome, aunque sea la vía rápida
postulada por la actual mayoría parlamentaria catalana, la de convocar una
consulta en el 2014, el camino es lo suficientemente largo para que, como
explica el autor antes citado, Rajoy espere “con un discurso amable y
dialogante, sin darle a Mas la coartada para el victimismo”, provocando así que
el Sr. Mas vaya “cociéndose en su propia salsa”.
El president Mas sabe que su proyecto no va a llevar a
ningún sitio, al menos en esta legislatura. Cataluña no puede independizarse
con la mayor deuda pública de España, los mercados no podrían financiarla (los
expertos postulan que esto solo sería viable en una veintena de años), y a
priori saldría de la UE. Tampoco el congreso aprobará ni ley de consultas ni
mucho menos un referéndum, se declarará inconstitucional y la decisión de este
tribunal se demorará años. Una vez ocurrido esto, el derecho internacional que
tanto invocan los nacionalistas tampoco debería amparar una secesión votada
unilateralmente por los catalanes. El Tribunal Supremo de Canadá interpretando
la legislación internacional con respecto a Quebec lo deja muy claro:
«[La sentencia] Recoge la doctrina internacional clásica
respecto al derecho de autodeterminación, que legitima una declaración
unilateral de independencia en casos perfectamente tasados, como las
situaciones coloniales, alejados todos ellos del quebequés y, podemos añadir,
de nuestras propias regiones. Atributos particulares de un grupo de ciudadanos,
como la lengua, la cultura o la religión, no atribuyen un derecho unilateral a
la secesión en un Estado democrático.»
Mas sabe que su proyecto secesionista es inviable, pero ya
apostó por él en las pasadas elecciones. La Diada de 2012 ofuscó su mente, y
pensó que ese órdago al gobierno le haría ganar un importante rédito electoral
a pesar de los impopulares recortes del Govern. La estrategia era buena: la
crispación ciudadana por los recortes junto una adecuada propaganda culpando al
estado central atraería hacia CIU el voto independentista que ahora parecía ir
en serio con respecto a la idea de secesión y los federalistas o simplemente
los votantes asiduos de CIU confiarían en que Mas obtendría beneficios para
Cataluña presionando así al Estado.
Pero el “tiro le salió por la culata”. Los indicios de
corrupción de Mas y los Pujol en la prensa, la falta de voluntad real en la
ciudadanía catalana hacia ese proyecto secesionista, y la desconfianza de los
independentistas más radicales hacia una CIU con el moderado y oportunista
Duran i Lleida en la dirección, radicalizaron el voto. Los votantes de CIU
ahora son en su mayoría federalistas o independentistas, y los independentistas
más radicales concentraron su voto en ERC. Con respecto a las pasadas
elecciones, el número de votantes nacionalistas no ha variado. En 2010 CIU-ERC
sumaban 72 escaños con respecto a los 71 de 2012. Más bien la propuesta de
consulta secesionista ha transportado 11 de los antiguos escaños de CIU a ERC,
mientras los españolistas han acabado aumentando los escaños del PP y Ciutadans
en contra del PSC, menos claros en sus ideas.
Tras estos resultados, habiéndose convertido el Sr. Mas en
estandarte del secesionismo, y sabiendo la actual naturaleza de sus votantes,
no le quedaba más remedio que hacer socio de gobierno a lo que cualquiera
entendería como su contrario, ERC, solo por mantener la tensión del proyecto
soberanista por el que había apostado. Sabe que no le llevará a ningún lugar,
pero tiene que satisfacer a sus votantes que han optado por realizar la
consulta, y a los de ERC que no dudan en querer aún más. El president sabe de
donde vendrán las presiones en contra a lo largo de su deriva: los empresarios
catalanes en algún momento se pronunciarán en contra de ese proyecto
secesionista, el estado impugnará una hipotética ley de consultas e incluso la
UE se pronunciará a través de distintos cargos, como ya lo esta haciendo,
advirtiendo de los riesgos de ese proyecto.
Pero Mas tiene que demostrar firmeza, aún estando más
debilitado que nunca, y ahora toca hacer números. La única carta que ya le
queda jugar es la crispación. Al final de su legislatura quizás no haya habido
una consulta, pero la crispación causada por la negatividad del gobierno
central al proyecto, la culpa de todos los males de Cataluña a España, y el
esfuerzo por haber tratado de llevar a cabo esa consulta pueden ser
recompensados por el independentismo más radical, concentrando su voto de nuevo
en una CIU que consideren realmente involucrada en la secesión de Cataluña. A
su vez, CIU puede mantener su tradicional electorado si en cuatro años de gobierno
la economía catalana llega a mejorar. Aquí ya tendría una segunda oportunidad
para obtener privilegios del gobierno central manteniendo esa presión y quizás
suficiente poder como para plantear un referéndum de forma más seria.
Por su parte Rajoy sabe que su parsimonia política y perfil
bajo ahora se convierten en grandes virtudes mientras Mas se vea obligado a ir
moviendo fichas presionado por ERC en el proceso independentista. Tratará de
usar la intermediación de Duran i LLeida y su influencia entre los empresarios
catalanes para traspasar la presión de forma indirecta sobre la Generalitat,
evitando enfrentamientos frontales con el parlament hasta que llegue el momento
de impugnar una ley de consultas, algo que todo el mundo espera de forma
natural. Si las condiciones económicas son muy negativas es posible que esa
presión acabe con la coalición CIU-ERC antes de acabar la legislatura. Sabiendo
esto, el brazo de CDC de CIU, con el presidente de la Generalitat a la cabeza,
tratarán de quitarse de en medio a Duran para así mostrar de forma inequívoca
su clara naturaleza independentista. De ahí las criticas antes de la votación
soberanista a Duran i Lleida, evitando así dudas en el futuro sobre una posible
traición a UDC por este representado, tras haber votado a favor del texto
aprobado en el parlament.
El panorama político catalán cuanto menos se muestra
entretenido por unos años. Es difícil hacer conjeturas de cómo acabará. Si la
encuesta realizada por el diario catalán el Periódico tras la Diada de 2012
muestra de forma veraz la opinión de la sociedad catalana con respecto a la
secesión, solo un 34,1% de los catalanes quiere la independencia. De los
votantes de CIU, el 47,3% optaban por elegir la independencia y un 31,8% por un
Estado Federal, y un 76,7% de los votantes de ERC preferían la independencia
con respecto a un 18% que se conformarían con una Cataluña Federal dentro de
España. Con estos datos es más que difícil imaginar que la secesión de Cataluña
llegue a ser una realidad, por más rédito electoral que Mas obtenga de su
estrategia política en estos años.
Por otro lado, lo que es seguro, es que si las provocaciones
desde el parlament se mantienen a lo largo de toda la legislatura, y Rajoy
sigue mostrando ese carácter apaciguado y dialogante que ahora observamos,
podemos esperar un buen número de votos españolistas concentrados en el PP como
de independentistas concentrados en CIU, por lo que podemos augurar, si la
mejora económica acompaña, una repetición de ambos gobiernos en las próximas legislaturas.
La doctrina de shock habrá dado sus frutos: ¡Que Dios nos
pille confesados¡
