Esta claro que el nacionalismo ofusca la mente. Especialmente
ese nacionalismo germano o romántico del s.XIX, que enaltecía la raza y la
historia, y que tanto gustaba de la mitología de los pueblos. El mismo
nacionalismo romántico que generó en Cataluña el movimiento de la renaixensa a
mediados de aquel siglo, precursor del nacionalismo político que aparecería a
principios del siglo siguiente y con el que tratamos estos días.
Ese mismo nacionalismo romántico que ofuscaría mentes tan cultivadas
como las de Wernher Von Braun, inventor de los cohetes actuales y además
miembro del partido nazi. O la de los médicos del campo de concentración de
Dachau, que tan importantes avances lograron en el estudio de la hipotermia,
metiendo a sus víctimas en toneles de agua helada. No crean sin más que eran
unos monstruos, a la vez la Alemania nazi fue el primer país del mundo en
prohibir la disección de animales vivos a través de una ley promulgada en abril
de 1933.
Pero cuando los territorios se inundan de leyenda, de mitos
y de historias para engrandecer a sus pueblos, incluso las mentes más
brillantes quedan ofuscadas por la fantasía, sin atender a demasiados
razonamientos.
Así, del mismo modo que Prat de la Riba, el artífice del
catalanismo político, allá por finales del XIX exponía sin más que la «castellanización» de Cataluña sólo es
«una costra sobrepuesta, una costra que se cuartea y salta, dejando salir
intacta, inmaculada, la piedra indestructible de la raza”, hoy día, una
treintena de jueces basan el derecho a decidir unilateral de los catalanes, en
que existe un hecho que "no admite
discusión: Catalunya es una nación".
No crean dan muchas explicaciones para aseverar el hecho de
ser una nación, la clave en la jurisprudencia internacional para
disfrutar de "plena soberanía para decidir su futuro". Lo basan en su
historia, cultura, lengua propia y una "reiterada y perseverante voluntad
de ser reconocida como sociedad diferenciada, compatible con su carácter
plenamente integrador", sin dar más argumentaciones sobre ello.
Si los jueces se hubiesen molestado lo más mínimo en
argumentar estos aspectos a los que aluden, posiblemente hubiesen descubierto a
base del estudio, que incluso esa “reiterada y perseverante voluntad” es más
que dudosa.
En una época tan tardía como en 1893, Francesc Cambó
escribiría: “En su conjunto, el catalanismo (…) tenía todo el carácter de una
secta religiosa. Puede decirse que todos los catalanistas se conocían entre
sí”. A lo que las palabras de Josep Pla añadirían: “Los catalanistas eran muy
pocos. Cuatro gatos”.
Por si fuese poco, cuando en el 1810 la política de
Napoleón, tras la invasión francesa, independizó a Cataluña de España y el
catalán aparecía como lengua co-oficial con la senyera colgando del balcón de
la Generalitat, los catalanes hiciesen caso omiso y continuaron luchando junto
al resto de sus compatriotas españoles contra las tropas francesas. En el 1812
se firmaría la primera constitución española, “La Pepa”, con la aprobación de
varios políticos catalanes que se dirigieron a Cádiz expresamente para ello.
En lo que a la treintena de jueces atañe, para aseverar que
Cataluña es una nación, en el sentido estricto jurídico/político que a estos
corresponde, habrían de atender la definición dada por el RAE: "Entidad jurídica y política formada
por el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo
gobierno".
Bien, jurídicamente Cataluña no es una nación como todos
sabemos. Pero ciertamente el RAE también define nación en su aspecto cultural
como "Conjunto de personas de
un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma, tienen una
tradición común y ocupan un mismo territorio".
Esta segunda definición se hace más ambigua, y los jueces
deben haber prestado atención a ella. Pero veamos si el hecho de que Cataluña
sea una nación esta fundamentado en su misma definición cultural:
Con respecto a ser un grupo étnico distinto al del resto de
sus actuales compatriotas españoles, la mayoría de los españoles, vascos
incluidos, compartimos los mismos marcadores de ADN, el haplogrupo R1b heredado
del padre, y el haplogrupo H de la madre. Los apellidos de la mayoría de
catalanes son españoles con la misma frecuencia que en que se presentan en el
resto de España, y según indica el INE, los apellidos de origen estrictamente
catalán no se encuentran en Cataluña hasta la posición 26. Por tanto muchas
diferencias étnicas no parece haber.
Ciertamente los catalanes hablan un mismo idioma, el
catalán, y a la vez también el castellano, como el resto de sus compatriotas.
Pero no debería ser este hecho constitutivo de nación, puesto que si en el
mundo existen 194 países, el Ethnologue de 2009 indicaba que había alrededor de
6.909 lenguas en el mundo.
Con respecto a las tradiciones, los Castells, la Sardana, la
Diada, etc son invenciones de finales del XIX, en la exaltación de ese
nacionalismo romántico de la renaixensa. El resto de tradiciones que existen en
Cataluña son muy similares a las encontradas en los otros reinos de la antigua
Corona de Aragón.
Si por la definición cultural de nación, Cataluña no parece
presentar ningún aspecto diferenciado para asumir el hecho de ser una nación, atendamos
pues al resto del argumento de los jueces, por ejemplo la historia.
Desconozco exactamente que periodo de la historia han
observado los jueces, pero no ha existido una España, Hispania o Iberia, sin Cataluña
dentro de sus fronteras. Como decía la expresidenta de Madrid, Esperanza
Aguirre, esto ha sido así desde hace 3.000 años, comenzando exactamente con los
fenicios.
Si atendemos al derecho, en su versión histórica, para
determinar el periodo en el que Cataluña ha gozado de autonomía jurídica de
gobierno, observamos que Cataluña compartió con el resto del españoles el
ordenamiento jurídico romano, el Liber Iudiciorum (654) de los
visigodos, y por siglos las leyes árabes de la Spania del Al Andalus, en toda
la Cataluña conquistada, la mitad sur de ella durante buena parte del periodo. A
este respecto matizamos que el califato permitía a la población hispanogoda
regirse por sus leyes hispano-romanas en toda la Península.
Barcelona y Gerona pasaron durante unos 200 años a la Marca
Hispánica, dentro del imperio carolingio, y no se desvincularían de este por
derecho (de iure) hasta el reinado de Jaume I, mediante el tratado de Corbeil
en el 1258, siendo ya rey de toda la Corona de Aragón.
Por tanto, hasta ahora, la historia siquiera muestra que
Cataluña haya nunca disfrutado de soberanía alguna de iure, es decir, legitima.
Ciertamente Cataluña disfrutaba de unas constituciones que
habían de jurar sus reyes en sus cortes para ser coronados, y existía esa
política pactista entre ambos tan típica del medievo, pero la nación en la
época se aglutinaba en la figura del rey.
Las cortes catalanas no fundamentarían la existencia de
ninguna nación, en los términos que hoy día entendemos el concepto, pues cortes
existieron en todos los reinos españoles, siendo las primeras las de León,
apareciendo después en Castilla, Condado de Barcelona (la actual Cataluña),
reino de Valencia, Aragón y Navarra.
Y para más INRI, desde las Cortes
catalanas de 1533, con Carlos I, los sucesivos monarcas españoles no
jurarían las constituciones catalanas, asumiendo estas la autoridad absoluta
del rey, como propio fue en el resto de naciones de la época.
Más tarde las constituciones catalanas serían abolidas por
Felipe V, tras la Guerra de Sucesión, en 1714, como seguro tienen constancia la
treintena de jueces. Cabe recordar que en aquella guerra solo se luchaba por
dar el trono de España a uno de los dos candidatos que había, y que antes, el
intento de la Generalitat de secesionar Cataluña en 1640, provocó una guerra
civil catalana.
En todo caso esas constituciones y cortes catalanas no
permiten entender a Cataluña como nación, pues se mantuvieron los fueros vasco
y navarro, y hasta hoy siguen siendo territorio español. Y del mismo modo
antiguas ciudades estados como las genovesas hoy día son territorio italiano,
así como otros tantísimos territorios que disfrutaron de constituciones, fueros
o legislaciones territoriales específicas propias del medievo, hoy día
pertenecen a distintos Estados como es el caso de Escocia, de los bretones
franceses, flamencos y muchas regiones alemanas.
Hasta aquí por tanto no hemos encontrado en la historia rastro
de Cataluña como nación. Ni nada que fundamente ninguna diferencia con respecto
a otras regiones europeas, como se pudiese entender la lengua. Tampoco
encontramos diferencias étnicas, ni importantes distinciones culturales que
determinen que Cataluña sea una nación.
Descartada la arbitraria percepción que los jueces tienen de
Cataluña como nación, clave para aceptar su "plena soberanía para decidir
su futuro", resulta complicado atender al resto de los argumentos de los
jueces.
Pero dado lo estrambótico de la declaración de estos,
observaremos también el resto de lo argumentado. Según los jueces firmantes, el
hecho de que Cataluña es una nación "está en la base de la Constitución de
1978". Desconocemos en que artículos constitucionales encuentran los
jueces este hecho, cuando por todos es sabido el art. 2 “La Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles…”.
Claro que el resto de la labor interpretativa de los jueces
resulta aún más extravagante. Estos aseguran que "si el reconocimiento (nacional
de Cataluña) no fue más explícito en su momento" fue por el "peligro
de involución o amenaza autoritaria, confirmado en 1981 "con el golpe de
estado del 23-F".
Se les olvida a los jueces que un 91% de los votantes catalanes,
con una abstención del 32%, abrazaron
Aún más, Javier Arzalluz recordaba que tanto Jordi Pujol como Miquel Roca rechazaron el concierto económico a la vasca que les ofrecía Suárez para Cataluña, cuando se restableció en las Cortes constituyentes de 1978. Y Mitxel Unzueta, exparlamentario vasco y senador del PNV en la Transición, explicaba que “no quisieron porque lo consideraban una antigualla histórica y porque no les hacía gracia ejercer de recaudador”.
Pues bien, incluso nuestra historia reciente desmiente ese
ánimo que la treintena de jueces encontraban en la sociedad catalana para
concebir a Cataluña como una nación.
El resto del argumento expuesto en el manifiesto no deja de
ser igual de parcial, haciendo referencia al amparo que la Constitución hace
sobre “los derechos fundamentales y a las libertades” . Especialmente cita la
jurisprudencia internacional, mencionando el caso canadiense de Quebec, explicando según ellos que el derecho a
la autodeteminación de los pueblos "no se limita sólo a los pueblos
gobernados o sometidos por potencias extranjeras, sino que se extiende a
aquellos pueblos que, a pesar de estar integrados en un estado democrático,
sufren una limitación de su derecho al autogobierno".
La realidad es que la interpretación que hace el Tribunal
Supremo de Canadá de la legislación internacional sobre el tema lo deja todo
muy claro:
“Atributos particulares de un grupo de ciudadanos, como la
lengua, la cultura o la religión, no atribuyen un derecho unilateral a la secesión
en un Estado democrático.»
Es más, la Resolución 2625 de la ONU establece, que bajo
este derecho de autodeterminación, no se autoriza ninguna acción que esté
orientada a menoscabar la integridad territorial de un Estado soberano, siempre
que en esa zona del Estado con pretensiones secesionistas, estén dotados de un gobierno que represente
a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio.
Difícilmente podrá entender la legislación internacional
sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el caso de Cataluña como
coartada en su autogobierno y libertades, sabiendo que disfrutan de sus propias
instituciones gubernamentales y parlamento, leyes propias, policía o cuerpo de
bomberos autonómicos, embajadores o capacidad para educar exclusivamente en su
propia lengua.
Concluyen los jueces en su manifiesto que "en el marco
constitucional actual, interpretado a la luz de la normativa internacional y de
los principios y derechos fundamentales que la inspiran, es viable el legítimo
ejercicio del derecho a la consulta que reclama de forma mayoritaria la
sociedad catalana".
Ciertamente en este aspecto, la treintena de jueces firmantes
plantean algo razonable. El pueblo catalán tiene derecho a opinar sobre la
relación que les vincule con el Estado, o incluso si desean vinculación alguna.
La constitución no le niega este derecho. Simplemente manifiesta que Cataluña
no es una posesión de los catalanes, sino de todo el pueblo español, quien es
soberano de todo su territorio, y legalmente es este, el primero que ha de
decidir si quiere desprenderse de parte de él, dando los mecanismos para
cambiar este aspecto constitucional básico.
Por tanto, señores jueces, ya pueden ustedes hacer las
interpretaciones que buenamente quieran, pero quienes desde luego tenemos, por
derecho, necesidad de decidir que queremos que Cataluña sea, somos todos los
españoles, catalanes incluidos, y todos queremos opinar.
En todo caso les agradecemos que su labor interpretativa no
les haya llevado a aseverar: “no admite
discusión: Catalunya es Marciana”. Su arbitraria capacidad para interpretar
la nacionalidad de Cataluña, seguro hubiese permitido obtener argumentos tan
concluyentes como los recogidos en su actual manifiesto.